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Los últimos acontecimientos en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación ya no resultan extraños. Este Ministerio terminó el año despidiendo centenas de trabajadores y trabajadoras. Durante todo el 2016 se desmontaron acciones y programas de una gestión que sólo parece tener un plan: destruir todo lo que se ha hecho durante los últimos años. Hoy, primer día laborable del año, el Ministerio amaneció vallado y rodeado de policías. Representantes de la comisión sindical del organismo fueron reprimidos duramente, cuando los trabajadores pretendían entrar a su lugar de trabajo. Estaban acompañados por, delegados de ATE y gremios docentes, y entre ellos, Rogelio de Leonardi, Secretario de Derechos Humanos de CTERA. Estos hechos de represión policial se vinculan directamente con el accionar del gobierno nacional frente a la movilización de los trabajadores.

En particular, la toma del Ministerio de Educación y Deporte durante la semana pasada y la protesta que hasta el día de la fecha continua en las calles, se relaciona con 3000 despidos que se pretenden realizar en dicho organismo público. La mayor cantidad de despidos son de trabajadores y trabajadoras de Nuestra Escuela. Este es un Programa Nacional de Formación Permanente, aprobado por resolución del Consejo Federal, desde donde se impartían diferentes postítulos y cursos nacionales. Los mismos estaban destinados a brindar formación de calidad y gratuidad para todos los y las docentes de la Argentina, en todos los niveles y modalidades, que de otro modo, no podrían acceder a cursos de formación docente.  Por tanto este conflicto tiene dos aristas: la condición laboral de los docentes y la situación de aquellos cursantes de estos espacios de formación.

Los postítulos son especializaciones de dos años de duración. Los cursos virtuales son trayectos de formación de tres meses sobre diferentes temáticas dependiendo del nivel y modalidad educativa. Mediante una resolución de 23 de diciembre se modificó el régimen de cursada en los 13 postítulos que se venían dictando desde 2013. Estas modificaciones, por un lado, dan cuenta de una mirada particular que se tiene acerca del Estado, que parece que no debe cumplir los compromisos adquiridos. Se vulneran los derechos de los trabajadores, que se inscribieron para cursar bajo otras condiciones, que fueron discutidas y aprobadas en acuerdo paritario. Por el otro, incluyen el cese de inscripciones y el cierre definitivo de las aulas virtuales al 30 de diciembre de 2017, que marcan el fin de un proyecto federal que capacitó y actualizó a decenas de miles de trabajadores de la educación.

Evidentemente estas modificaciones, junto con los despidos de aquellos que eran quienes llevaban estas especializaciones adelante, no tienen otro objeto que terminar con la formación permanente para los educadores de nuestro país.  La educación de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes no puede estar separada de la formación permanente de los docentes. Al gobierno nacional parece no importale los procesos formativos de los trabajadores de la educación y esto se convierte en un retroceso. Evidentemente entienden que la formación desde el Estado no sirve, que es costosa, que no tiene resultados que se evidencien en las evaluaciones standars como PISA o Aprender 2016.

Y estas medidas siguen sin resultarnos extrañas. Esto se debe a que en el último año hemos presenciado una serie de políticas desde el gobierno nacional de Macri y de la mano del Ministro Bullrich que son de estricto carácter neoliberal y se han relacionado con el desmantelamiento, ajuste, vaciamiento y sistemáticos intentos de destrucción de la escuela pública. Políticas que nos vuelven a la década del 90, cuando el perfeccionamiento docente debía ser pago, y por tanto restringido, privatizado, respondiendo a un modelo de educación para unos pocos.

Durante este último año, las políticas públicas estuvieron centradas en la evaluación más que en la consolidación de un sistema de educación pública que garantice los derechos de todos y todas, y  que atienda los procesos de enseñanzas y aprendizajes. Más preocupadas por el ajuste antes que la inversión en educación. Así la pérdida de Conectar Igualdad, los Programas Socieducativos, El canal educativo Encuentro, y ahora Nuestra Escuela.

Es necesario mencionar que ya se venían realizando despidos de trabajadores de INFD (Instituto Nacional de Formación Docente). Este instituto se encarga de coordinar y dirigir las políticas de formación docente de Argentina, en articulación con las 24 jurisdicciones. Pero el gobierno se encargó de vaciar el INFD, cerrando cursos y programas destinados a los Institutos de Formación Docente. Es necesario denunciar que el Estado, deja de ejercer su rol como garante de los derechos establecidos en la Ley Nacional N° 26 206 y esto impacta directamente en la calidad educativa de las escuelas de gestión pública y privada de nuestro país. Por tanto, el desfinanciamiento educativo y la subejecución del presupuesto fueron y son una constante.

El vaciamiento de la escuela pública se relaciona con la pérdida de la formación de los y las docentes, con la imposibilidad de generar espacios en los que se pueda reflexionar colaborativamente  sobre la tarea educativa. Y poder pensar nuevos modos de construcción conocimiento, teniendo en cuenta diferentes enfoques y nuevas temáticas que atañen al trabajo docente, pero también a la realidad de nuestros alumnos, tendiendo siempre a la mejora en los aprendizajes.  De eso nos está privando el Ministro de Educación y las políticas de ajuste. Pero también de poder garantizar las condiciones de trabajo de los docentes, que hoy en día se encuentran con contratos temporarios y precarios. Asegurar la formación docente federal, continua, de calidad y gratuita es asegurar una mejor educación para todos.

Desde AMSAFE expresamos nuestro enérgico repudio a estas medidas que dejan a miles de docentes de todo el país sin una formación de calidad y gratuita y además sin una fuente de trabajo a cientos de docentes tutores y coordinadores. La educación pública es la herramienta necesaria para la construcción de una ciudadanía democrática y la concreción de un derecho humano fundamental.

No al cierre de los 13 postítulos.

No al cierre de los curso nacionales virtuales.

No a 3000 despidos en el Ministerio de Educación.

Repudio a la represión policial a los trabajadores en el Ministerio de Educación y Deportes.