Poner de pie a la educación, antes que sea tarde

Hace diez años, en este mismo diario y en esta misma sección, refiriéndonos a las consecuencias de la aplicación de la Ley Federal de Educación en la Provincia de Buenos Aires, denunciábamos "la destrucción y desarticulación a corto plazo de la educación media y técnica de esta seudo transformación que tampoco piensa en la resolución de los graves y crónicos problemas de la escuela: escasa asimilación de contenidos, repitencia y desgranamiento, ausencia de estímulos para el aprendizaje, deserción a edad temprana, violencia escolar..." Y terminábamos con la siguiente apelación: "El problema educativo excede a cualquier partido de gobierno y es indispensable encontrar con consenso y en conjunto las alternativas para poner de pie a la educación, antes que sea irremediablemente tarde".

Pero claro, corría el año 1996 y la fiesta menemista refulgía a pleno. La economía crecía a ritmo récord y para muchos era apenas un detalle que también mostraran un signo ascendente la desocupación y la pobreza. Nadie quería ver más allá de sus propias narices. Estábamos a poco del inicio del ciclo recesivo más dilatado y traumático que hayamos conocido los argentinos, pero nadie veía nada. En ese contexto, la reforma educativa que tuvo como pilares la transferencia de los docentes y las escuelas a las provincias y la Ley Federal de Educación, se mostraba en el discurso oficial como parte del combo modernizador que nos iba a eyectar al primer mundo. La celeridad de las reformas ejecutadas improvisadamente y violentando el sentido común de los docentes, eran el correlato de la impostada robustez de una economía sustentada en el espejismo del “1 a 1”, cuya hipoteca íbamos a tener que pagar por mucho tiempo. Sin embargo, la soberbia oficial rayaba en la desmesura.

El 1º de octubre de l996, cuando todavía en términos de retroceso educativo no se había hecho tan tarde, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, escribía en una nota de opinión publicada en este mismo diario una frase que, leída después de una década en medio de los escombros de la escuela pública , podría formar parte de una antología del ridículo: "la transformación educativa constituye el hecho revolucionario más trascendente en este campo, desde que Sarmiento impulsó la enseñanza gratuita y obligatoria".

Como reafirmación de que gobernantes y gobernados vivíamos en dos países distintos, a los seis meses de ese "hecho revolucionario" que nos “condenaba al éxito” educativo se inició con la Carpa Blanca una larga lucha de los docentes que interpeló a los Chicago boys de la educación por la fragmentación y el estado de abandono del sistema público de enseñanza.

Desigualdad y fracaso educativo para nuestros alumnos. Atropello y desvalorización salarial y profesional para los educadores. Eso fue lo que quedó del experimento de una reforma educativa, planificada para desembarazar al Estado Nacional de su compromiso como garante indelegable del derecho social a la educación. Lamentablemente, las cosas no cambiaron con el Gobierno de la Alianza. Las expectativas de cambio que generó pronto fueron desairadas. Se dilapidó la oportunidad que significó el levantamiento de la Carpa Blanca, para convocar a los educadores y la comunidad educativa a corregir el rumbo. Todo permaneció igual pero sumando deterioro. Crecía el fracaso de los alumnos y el desgaste de los docentes. Se siguió haciendo cada vez más tarde. Aunque es necesario rescatar el papel fundamental que desempeñaron los docentes, en el momento más arrasador de la crisis, que hicieron de las escuelas públicas la única institución del Estado que en cada rincón del país fue capaz de generar respuestas solidarias en ojo de la tormenta del derrumbe social.

Como contracara de esto, en la vorágine de esa crisis los manotazos de las políticas oficiales seguían dirigidos a la dilución del rol del Estado Nacional. Dos hechos episódicos pero significativos dan cuenta de ello. Uno fue la propuesta de municipalización lanzada por el entonces gobernador bonaerense Ruckauf. El otro, el decreto presidencial que el efímero presidente Rodríguez Saá felizmente no tuvo tiempo de poner en vigencia, disponiendo la disolución lisa y llana del Ministerio de Educación de la Nación.

Lo cierto es que acumulamos más de diez años de postergar un debate que, de no haber mediado la irresponsabilidad de gobernantes que nunca tuvieron como prioridad la educación, se debería haber abordado mucho antes de que se hiciera irremediablemente tarde para los millones de alumnos argentinos con los que la escuela pública tendrá una deuda de por vida.

Una década perdida, ignorando la obstinada demanda de cientos de miles de docentes pidiendo la derogación de la Ley Federal de Educación y exigiendo la restitución de la responsabilidad del Estado nacional como garante indelegable del derecho social a la educación. Demasiados años vaciando de sentido a la escuela pública, cada día menos escuela y cada día más guardería . Cada día más cerca de la contención social y cada día más lejos de la construcción de saberes. Demasiados años de desgaste, de conflictos sin horizontes de cambio. Demasiados años de elaborar diagnósticos y de hablar de la crisis de la educación pública sin atinar a nada. Hoy, la inminencia de la sanción de la Ley Nacional de Educación, que desde hace más de una década venimos reclamando, nos pone frente a una nueva oportunidad. Por acción u omisión, con dictaduras militares o gobiernos civiles, el proyecto educativo y cultural que se instauró en el país en los últimos treinta años fue congruente con la fragmentación de la sociedad y la marginación de vastos sectores a través de la pobreza. La exclusión social y la exclusión educativa son las dos caras de la misma moneda.

En el contexto de un cambio de época signado por la pérdida de consenso de los paradigmas neoliberales y atravesando un ciclo de crecimiento económico inusitado, se sitúa ante nosotros la oportunidad histórica de volver a darle al sistema de educación público un papel estratégico para construir una sociedad integradora ,democrática y capaz de asegurar a través del protagonismo de la ciudadanía la distribución de la riqueza.

De cara al Segundo Centenario, es posible imaginar una determinación colectiva para recuperar ese rumbo. Sustraer este tema del ajetreo electoralista, ponerlo a salvo de la lógica cerril oficialismo-oposición, sin que nadie deba declinar sus legítimos posicionamientos, sería una buena señal para los docentes y las diversas expresiones de la sociedad civil que desde hace meses venimos debatiendo y elaborando aportes. En ese sentido la votación positiva en el senado, de la que solo se autoexcluyeron tres legisladores –dos bussistas y otro referenciado en el Opus Dei- constituye un gesto de madurez política.

Por supuesto, la mera sanción de la ley no garantiza por sí sola que los graves problemas del sistema educativo se empiecen a resolver. Pero no debe pasar inadvertido que cierto escepticismo exacerbado, fundamentado en que entre los argentinos la ley de gravedad es la única que de verdad se cumple, en realidad oculta un solapado interés - por conservadurismo o por mezquino cálculo político - de que todo siga igual. Pero es una verdad innegable que las leyes tienen una eficacia simbólica y otra instrumental. La primera instala en la agenda pública y en la ciudadanía el rumbo en el que hay que avanzar. El aspecto instrumental es el que define el compromiso de generar transformaciones materiales en tiempos concretos que dependerán de la voluntad política de los gobernantes de cumplir esos compromisos, pero también de la capacidad de presión de las organizaciones y representaciones sociales para hacer que se cumplan.

En ese sentido, resulta valiosa la definición de la Asamblea Nacional de más de treinta organizaciones sociales de distintos sectores, convocadas por la CTA: “Somos concientes que no es una ley de educación lo que va a crear empleo, ni a distribuir la riqueza, ni a modificar el patrón de acumulación económica. Pero sí creemos firmemente que puede mejorar las condiciones para seguir luchando por un país con democracia, trabajo, paz, soberanía y justicia social.”

Hugo Yasky
Secretario General de CTERA y CTA

Nota de opinión publicada en Página/12

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