Sobre la promoción asistida

Una medida arbitraria que afecta y perjudica a todo el Sistema Educativo Provincial. En estos documentos, AMSAFE fija su posición, denunciando y rechazando el decreto de «promoción».

La promoción asistida... La imposición resistida....

No han sido pocos los discursos que, en los últimos tiempos, plantean el problema de la inclusión en el contexto escolar. Y en esta línea, también debemos reconocer que han sido muy variadas las experiencias e iniciativas que los maestros y maestras generaron para atender este problema que, por supuesto, no es propio y exclusivo del campo educativo. Sin embargo, es difícil pensar que a una maestra o maestro santafesino se le hubiese ocurrido que «hacer pasar de grado por decreto a todos los estudiantes» podría ser una manera de hacer «una escuela más inclusiva».

No caben dudas, como sentencia un libro de reciente aparición, que «las formas de lo escolar» tienen que ser analizadas y reinventadas en el marco de la sociedad emergente. No caben dudas que hay que re-pensar tanto la organización de los tiempos y los espacios escolares como las formas de organización de conocimiento, sus niveles de apropiación y los modos de acreditación de los estudiantes. Pero lejos está esta discusión de la apresurada decisión tomada por el Ministerio de Educación de la provincia a fines del año 2006.

Decisión que ignora la trayectoria de trabajo educativo de un año, llevada a cabo por maestros y estudiantes, pues el único interés es hacer aparecer números que nos alejen de los indicadores de las provincias «pobres» en lo que hace a repitencia (o fracaso escolar, como se lo comenzó a llamar desde los discursos neoconservadores y neoliberales).

Este documento que presentamos para fijar nuestro posicionamiento sobre el tema es además una denuncia y rechazo al decreto de «promoción», que hace pasar mágicamente de grado a toda una generación de niños santafesinos, y que también plantea las formas más inadecuadas que se hayan podido pensar para que dicha promoción sea «asistida».

Empezando por el último término (asistida), vemos que la estrategia de la Ministra Cantero fue acudir, primero, a los pasantes (estudiantes del segundo año de los profesorados) y luego a nuestros apreciados maestros jubilados. En una clara movida propia del pensamiento liberal, el Ministerio desembarcó en las instituciones de formación docente ofreciendo contratos que precarizan el trabajo a quienes, como otros tantos argentinos, están necesitados de recursos económicos para seguir subsistiendo en el sistema económico actual. Contratos de pasantías que barren bajo la alfombra la existencia de siete mil maestros recibidos y sin trabajo en el sistema.

Rechazada de plano esta iniciativa, por los IFD y por el Sindicato, el Ministerio buscó otras propuestas y en el camino quiso incorporar a los maestros y maestras jubiladas. Todo esto prueba, una vez más, que «no sobran maestros», sino que «faltan puestos de trabajo reales». Hoy más que nunca se hace visible la necesidad de inserción de estos maestros/desocupados que podrían realizar las tareas de asistencia pedagógica que está pensado el la Ministra. Pero no con respecto a los promocionados por decreto del año 2006, sino teniendo en cuenta a la gran cantidad de grupos e individuos con diferentes problemas de aprendizaje que ya existían y existen en todos los grados de las escuelas del sistema educativo.

Problemática que con esta medida arbitraria, en lugar de ser solucionada, se profundiza y contribuye para agudizar la crisis por la que atraviesa el sistema educativo en el actual contexto.

Pasando ahora al primero de lo términos, «la promoción», podemos decir que indudablemente los maestros y maestras tenemos la necesidad y la obligación de re-pensar nuestros sistemas de evaluación y las formas, a partir de las cuales, los estudiantes producen y se apropian de los conocimientos que se construyen en los ámbitos escolares. Pero esto no se hace de la noche a la mañana y menos por un decreto que obtura cualquier posibilidad de participación de los docentes para opinar sobre la cuestión.

Nos preguntamos: ¿Cuándo y cómo se analizaron las prácticas de los maestros de primer grado para decidir de buenas a primeras que lo evaluado por estos mismos maestros no sirvió de nada? ¿Por qué la Ministra niega e ignora el proceso de evaluación que realizaron todas y todos los maestros santafesinos a partir de los cuales determinaron la necesidad de que una parte de sus estudiantes debería cursar nuevamente el primer año para apropiarse de los contenidos mínimos que se espera para el nivel?

A su vez, hemos observado que últimamente la palabra «alfabetización» aparece reiteradamente en el discurso de la Ministra, y en este sentido, también nos preguntamos ¿Qué ha llevado a pensar que el adelantamiento, avance y/o salto impuesto de un curso a otro, garantizará la llegada más rápida a esta anhelada alfabetización ministerial?

Evidentemente, estamos ante una medida que fue tomada desde los apremios partidarios, más que de las lógicas pedagógicas. Es una simple y pragmática decisión que anula la reflexión profunda sobre el problema de fondo y limita la discusión al campo de las urgencias que habitualmente se suelen dar en los tiempos electorales.

Esta decisión tecnocrática llega tarde para resolver un problema que se ha consolidado en la educación santafesina y no hace más que poner en evidencia lo que todo este tiempo se trató de ocultar: El crecimiento de los niveles de repitencia. Las propias estadísticas oficiales expresan que este indicador creció al 7% en los últimos años. Lo que nos hace parecer más a lo que los políticos no quieren reconocer, y menos en tiempos de campaña proselitista: «Santa Fe con índices de una provincia pobre».

En lugar de abrir el juego para analizar colectivamente las causas y determinaciones básicas de este problema que preocupa a todos, la Ministra de Educación no hace más que «patear la pelota para adelante», trasladando el problema a los «nuevos» funcionarios que estarán a cargo de la cartera, en los sucesivos y próximos gobiernos.

De acuerdo a lo que venimos desarrollando, queremos destacar que las posibles salidas para este problema no se pueden pensar meramente desde lo administrativo, sino desde lo político-pedagógico. Y en este sentido, es necesario comenzar a trabajar con la diversidad de factores que influyen en esto, si es que verdaderamente pensamos lo educativo desde esta perspectiva.

Analizar los principales factores significa también reconocer que uno de los más importantes es la situación socioeconómica del estudiantado, que hoy está afectado por el problema de la deserción y la repitencia: «Analizar las causas que producen el aumento de la repitencia o de la deserción implica considerar, en primer lugar, la incidencia que el empeoramiento en las condiciones de vida de las familias de sectores populares tiene en la escolaridad de los alumnos (...) La deserción y la repitencia deben verse como producto de un sistema social injusto, en el que los hijos de familias de desocupados, de la clase trabajadora, y aún los de la clase media, tienen cada vez más dificultades para estudiar (...) cuanto más injusta sea una sociedad, mayores serán los índices de deserción y repitencia, que en verdad resultan índices de la exclusión y la desigualdad educativa que existe en la sociedad». (Juan Balduzzi)

En este sentido, es necesario marcar nuestras diferencias con las visiones conservadoras que también relacionan el fracaso escolar con la pobreza, pero que terminan haciendo responsables de dicho «fracaso» a los mismos estudiantes, que, por lo general, son «pobres», y a quienes también se les atribuyen la responsabilidad de su pobreza. Como muchas veces hemos dicho: «poniendo la culpa en la cabeza de las propias víctimas».

Otro aspecto para analizar son los modelos pedagógicos que han operado para instalar la idea positivista-conductista del ensayo y error, a partir de la cual «repetir» daría la posibilidad de aprender «el conocimiento oficial», luego de superar todos los intentos fallidos. Si bien estamos de acuerdo que la mera repitencia no garantiza alcanzar los aprendizajes esperados para un determinado nivel, creemos que tampoco un «decretazo» garantiza que esta situación se supere.

El desafío pasa por pensar alternativas que garanticen la construcción democrática de determinados aprendizajes. Pero esto va acompasado con un sistema educativo provincial que esté preparado para esto, lo que a su vez implica generar puestos de trabajo con personal preparado para la circunstancia, de modo tal que los alumnos que están en riesgo de exclusión cuenten con instancias institucionales para renovar las expectativas de seguir siendo parte del sistema educativo.

En este sentido, el Ministerio, a través del mencionado decreto, está haciendo todo lo contrario, pues ante los hechos consumados apela a cualquier salida improvisada, con las intenciones de precarizar más aún las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación de nuestra provincia.

En el nivel propositivo de este documento, consideramos que la Ministra tiene que tener un gesto de humildad y asumir el error cometido. Y una forma de ello debería ser el re-conocimiento de las experiencias cotidianas y las trayectorias pedagógicas que se fueron construyendo en la provincia y en el país sobre el problema de la deserción y la repitencia: «Existen una gran cantidad de escuelas y de docentes que enfrentan diariamente, en una u otra forma, la exclusión educativa. Sin ese compromiso los índices de exclusión y desigualdad serían aún mayores» (Juan Balduzzi).

Ha habido intentos y experiencias pedagógicas que tuvieron a la inclusión como el eje central del trabajo de educar y son merecedoras de una revisión y resignificación en los contextos actuales: Intentos que compartían la necesidad de transformar el espacio educativo en un ámbito grato, inclusivo y democratizador para niños jóvenes (...) Experiencias como la de Olga y Leticia Cossettini, la Escuela rural del maestro Iglesias, nos invitan desde la historia a revisar los procesos escolares...» (Olga S. Avila)

Creemos que la Sra. Ministra nos debería convocar a pensar juntos, sobre cuáles son las formas de inclusión real en el sistema educativo. Cuáles son los modos que habilitarán nuevos espacios y tiempos para los «excluidos del sistema» y cuáles son las formas para superar la lógica ilógica de la «inclusión excluyente» que propone el Ministerio con esta medida arbitraria y que forma parte de la política que hoy se pretende implementar. Los maestros y maestras que habitan cotidianamente las aulas tienen mucho para decir, mucho para aportar y merecen ser escuchados.

En este decreto seguimos viendo una «imposición», que es «resistida» por el conjunto de los maestros, directivos y profesores nucleados en el Sindicato que todavía vemos en la educación una herramienta para construir una sociedad justa e igualitaria, siempre y cuando, las políticas gubernamentales no decreten o impongan lineamientos en su contra.

CDP AMSAFE

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